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diseñar servicios y colecciones que promuevan la inclusión y el
empoderamiento de las personas con discapacidad (Ministerio
de Salud, s.f.).

Estudios como el de la Universidad Nacional de Colombia
subrayan la importancia de estas medidas para garantizar el
acceso equitativo a la información y a las oportunidades edu-
cativas (Martínez, 2017). Los bibliotecarios están en una posición
privilegiada para fomentar una cultura inclusiva que valore la
diversidad y trabaje activamente en la eliminación de barreras.
Al articular la cultura de la discapacidad con los principios de
gobernanza cultural, las bibliotecas pueden reposicionarse como
instituciones esenciales para el cambio social, contribuyendo
al empoderamiento de las personas con discapacidad y al
fortalecimiento de la cohesión social.

De allí que la defensa y fortalecimiento de lo público presenta
desafíos importantes. Por un lado, la desinstitucionalización
implica una transformación en la oferta de servicios, orientán-
dolos hacia modelos de vida independiente y participación
comunitaria. Por otro lado, la privatización de servicios públicos
podría limitar el acceso a recursos inclusivos y accesibles, lo
que refuerza la responsabilidad de las bibliotecas de defender
la igualdad en el acceso a la información y la educación, como
lo señala la Revista de Derecho Público en su análisis sobre
la privatización de empresas públicas en Colombia (Edgardo
Civallero & Editor, 2011).

Así, la justicia social en bibliotecas se fundamenta en el reconoci-
miento de las desigualdades estructurales que limitan el acceso
equitativo a la información y al conocimiento, esenciales para la
participación social, cultural, y económica. En este contexto, las
bibliotecas emergen como actores clave en la práctica real de
la inclusión y la garantía de derechos fundamentales, como la
educación, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

La justicia social en bibliotecas se articula en torno a dos ejes
principales:

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